La sobrepesca industrial tiene una consecuencia directa en los pueblos pesqueros de África Occidental: la migración clandestina hacia Europa. El caso de Senegal, los acuerdos de pesca entre gobiernos y la indiferencia respecto de esta práctica irregular.
Un mar sin peces es difícil de imaginar. ¿Dónde están si no es ahí? En una playa de la costa de Senegal, un pescador descansa sobre una manta en la arena. No es el único, son decenas de ellos los que miran con melancolía los barcos de madera que se descascaran al rayo del sol. “A los peces se los llevaron los barcos extranjeros”, contesta. Su lucha por conseguir peces se vuelve cada día más maratónica. “Lo que antes pescábamos en 5 horas, ahora nos lleva días”. Desde el 2006, la escasez de peces se volvió una constante y la consecuencia derivó en un aumento de la migración en barcazas hacia Europa.
40.400 personas llegaron a las Islas Canarias en el 2023 viajando en pateras, cayucos y lanchas desde países de África Occidental.
Lo que sucede en Senegal es un ejemplo de la problemática de la sobrepesca industrial en la zona. Es que la costa atlántica del norte de África es uno de los caladeros de mayor importancia para las flotas que pescan en el Atlántico.
La fauna marina se concentra mayormente en las regiones costeras, en lo que se conoce como la Zona Económica Exclusiva (ZEE), unas doscientas millas náuticas desde la costa de cada país. A pesar de que las ZEE constituyen solo el 35% de la superficie marina global, albergan el 90% de los recursos pesqueros del mundo.
Por esta razón, en 1994 se creó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para reconocer el derecho de los Estados a controlar los recursos dentro de sus ZEE. Esta decisión planteó un desafío para países europeos, chinos y japoneses que, ante una escasez de fauna en su territorio, dependían de las aguas de otros países, especialmente africanos, para su pesca. Fue así como las principales potencias pesqueras establecieron acuerdos, tanto públicos como privados, para tener acceso a estas aguas.
Los barcos suelen operar en dos modalidades: bajo acuerdos formales o de manera ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR o IUU, por sus siglas en inglés).
El gobierno de Senegal mantiene acuerdos para regular la pesca industrial con distintos países. El primer acuerdo bilateral que firmaron los senegaleses con la Unión Europea (UE) fue en 1979 y se aplicó hasta el 2006, con protocolos que permitían el acceso de buques europeos a una gran variedad de recursos pesqueros.
Actualmente se mantiene vigente el que contrajo en 2014 y establece posibilidades de pesca para un máximo de 28 atuneros cerqueros congeladores, 10 cañeros y 5 palangreros de España, Portugal y Francia. Los barcos están autorizados a pescar 10.000 toneladas de atún y 1750 toneladas de merluza negra al año, dos especies que según las autoridades europeas “los senegaleses no consumen”.
Claro que esta afirmación entra en debate cuando se consulta a organizaciones locales sobre el consumo de los senegaleses. Aliou Ba, senior manager de Greenpeace África, respondió que para poder pescar atún y merluza negra utilizan de carnada (cebo) otras especies que son las que sí buscan los pescadores artesanales. “Incluso cuando declaran que pescan especies que los locales no pueden pescar, hay mucha captura incidental que hacen. Y también, para pescar atún, por ejemplo, para el cebo que utilizan necesitan pequeños pelágicos. Entonces impacta de una forma u otra a las comunidades locales porque ellos necesitan la carnada que es los pequeños pelágicos que los locales pescan y consumen”.
La contrapartida económica de este acuerdo es un pago de la Unión Europea a Senegal por 1.700.000 euros anuales, 800.000 euros por los derechos de acceso a las aguas de Senegal y 900.000 euros para el apoyo del sector pesquero. “El protocolo, mediante el que se permite a buques de la Unión faenar en aguas de Senegal, tiene al mismo tiempo por objeto promover una política pesquera sostenible y la explotación responsable de los recursos pesqueros en la zona, así como apoyar las iniciativas de este país para el fomento del sector pesquero”, explican desde el Parlamento Europeo.
El acuerdo establece una política de control sobre los barcos que pescan en las costas pero organizaciones sociales detallan que, si bien este control puede hacerse por agentes europeos, el gobierno de Senegal no tiene los medios para poder controlar de forma autónoma o chequear que el control europeo sea eficaz.
Este es uno de varios acuerdos que se han concertado con países extranjeros. Sin embargo, Senegal no cuenta con una ley de transparencia que permita a los ciudadanos conocer los detalles de los negociados que establece su Gobierno con las administraciones de Estados Unidos, China o Corea del Sur y qué contraprestaciones se obtienen a cambio de la captura de peces.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), mientras que los países africanos reciben alrededor de 400 millones de euros anuales por estas licencias, podrían obtener ingresos anuales de hasta 3.300 millones de euros si ejercieran directamente sus derechos de pesca en estas aguas.
Por otro lado, existen otras tácticas que utilizan empresas privadas para esquivar el control gubernamental. En los últimos años, se popularizó en las costas senegalesas una práctica de los barcos industriales que se denomina “banderas de conveniencia”. Consiste en que un barco extranjero le venda el 51% de la empresa a un armador local para poder portar así la bandera del país y obtener la licencia de pesca nacional que le permite trabajar en la Zona Económica Exclusiva dentro del cupo para barcos nacionales.
“La mayoría de las embarcaciones no son senegalesas. En este caso son muchas coreanas y chinas, y se da lo que se llama el pabellón de conveniencia. La empresa elige para su embarcación la bandera que mejor le conviene. Entonces es una especie de paraíso fiscal, pero para la pesca”, explica Ignacio Fresco Vanzini, de la ONG Oceana y describe que muchas empresas los que hacen es crear una sociedad limitada en el país. “Por ejemplo, en Panamá en un solo piso podés tener hasta 200 empresas registradas, todas pesqueras. Te exigen eso, tener la sede y tener tal vez un administrador. Y después esta embarcación que pesca en aguas internacionales está bajo la bandera de Panamá, o de Camerún o de Liberia, y son esos países los que tienen que controlar esa embarcación”.
El problema de esta práctica es que existen denuncias sobre la falta de control gubernamental. No se inspecciona si el armador contrata mano de obra nacional o si es simplemente una pantalla para permitir esta operación que no da beneficios a los trabajadores. Según investigaciones de Greenpeace África, estos barcos no respetan los límites de las zonas protegidas para la pesca artesanal, hay denuncias sobre posibles sobornos a los agentes que controlan la carga que han pescado y suelen tener prácticas nocivas para el ecosistema, como pesca de arrastre. Además, si este barco cometiera delitos en alta mar, su penalización sería responsabilidad del país de la bandera.
Todos los barcos tienen la obligación de tener un sistema de identificación automática (AIS, por sus siglas en inglés), que reporta la geolocalización del buque vía satélite. Esta información es pública y se puede observar en plataformas de acceso gratuito como Global Fishing Watch. Oceana realizó investigaciones analizando las embarcaciones que pescan en la costa senegalesa. Descubrieron barcos con bandera local pero de propiedad de empresas chinas, españolas y coreanas, entre otros países. A partir de estos datos, Greenpeace descubrió, por ejemplo, que el buque chino Fu Yuan Yu 9881 pescó en reiteradas ocasiones en zonas no permitidas. El gobierno senegalés no respondió a su reclamo.
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Mientras estas prácticas continúan, los pescadores artesanales se ven afectados por la escasez de pescado que produce la sobrepesca industrial. Familias que por generaciones vivieron de este oficio, hoy no tienen peces que comer ni comerciar. Jóvenes que no tienen salida laboral y deciden migrar.
¡Leé acá sobre la sobrepesca industrial en el Mar Argentino!
Texto: Camila Valero.